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Jefe de policía de SLC ataca ley de Arizona
Inmigración: Grupo de oficiales teme que ganarse la antipatía de los latinos conducirá al fracaso.
Thomas Burr, Ahora Utah
Washington -- El Jefe de Policía de Salt Lake City Chris Burbank se unió a un grupo de colegas del orden judicial de Estados Unidos que se vieron cara a cara con el Fiscal General Eric Holder para expresarle sus preocupaciones respecto a la nueva ley de inmigración de Arizona ya que según predicen, sus efectos empañarán cualquier esfuerzo que se haga para erradicar el crimen.
Tanto Burbank como el resto de jefes de policía se reunieron con Holder el 26 de mayo en el Departamento de Justicia de la nación para manifestarle su temor de que la Ley SB1070 impida la colaboración de testigos o víctimas de hechos criminales en las investigaciones de la policía e incluso que al implementarla se dañe la relación de los agentes con la comunidad latina.
La ley de Arizona requiere que la policía verifique el estatus inmigratorio de
cualquier persona que razonablemente sea sospechosa de estar viviendo ilegalmente en el país.
"Es importante que sobre todo la gente que trabaja para el gobierno federal en Washington, D.C., conozca las preocupaciones que se están generando en el ámbito local. Esto se está convirtiendo en un asunto bastante local", dijo Burbank al concluir esa reunión.
"¿Cómo se supone que debe relacionarse un oficial con los miembros de la comunidad y a la misma vez ganarse su confianza cuando se ve obligado a hacer un perfil racial de la gente?", cuestionó.
El jefe de la Policía de Salt Lake City expresó su inquietud al mismo instante en que su oficina divulgaba un reporte sobre los efectos de la Ley SB81, una medida aprobada en el 2008 que permite que los agentes del orden judicial del estado desempeñen las funciones de agentes de inmigración.
No obstante, la capital de Utah y la mayoría de los municipios aún no han optado por implementar esta ley. El reporte de Burbank apoya las exigencias de quienes se oponen a la SB81 cuando alegan que, debido a ésta, tanto los latinos como los no latinos estarán menos dispuestos a reportar el crimen. También contradice las advertencias de los partidarios de la SB81 quienes aseguran que ésta es crucial para hacer frente a la elevada ola de violencia que envuelve a los latinos.
"Los datos sugieren que ocurrirá lo que más se teme: menos gente reportará un crimen y habrá menos confianza en la gente", concluye el reporte.
Burbank fue uno de los autores del estudio dirigido por el Consorcio de Liderazgo Policial y Equidad.
Burbank, quien ha sido el jefe de la Policía de Salt Lake City desde 2006, le dijo a la prensa que los latinos no son responsables de más crímenes que otros segmentos de la población de la ciudad. También dijo que cualquier otro intento por distanciar a la comunidad latina como lo hace la ley de Arizona deteriorará la lucha contra el crimen.
"Este esfuerzo no reducirá el crimen en nuestras comunidades. De hecho, la mayoría de nosotros cree que generará más crimen y por eso nos hemos puesto de pie y hemos tomado esta postura", dijo Burbank.
Una opinión diferente fue la que manifestó Frank Park, jefe de la Jefatura de Policía del Condado de Tooele y presidente de la Asociación de Jefes de Jefaturas de Policía de Condados de Utah y de la Asociación de Jefes de Jefaturas de Policía de Condados de los Estados del Oeste.
Park cree que la ley de Arizona tal vez requiera algunas alteraciones pero asegura que el orden judicial local y estatal necesita hacer algo para que se reduzca el problema de la inmigración que está provocando dolores de cabeza en la frontera.
"Nosotros estamos aquí en los estados del norte, tenemos pocos problemas pero nada que ver con los que tienen ellos", dijo Park. Señaló que sus agentes efectúan chequeos rutinarios del estatus inmigratorio de las personas que son encarceladas en la prisión de su condado -tal como lo requiere la Ley SB81- pero indicó que no tiene los refuerzos necesarios para estar deteniendo a la gente que parezca ser indocumentada.
Ley SB81
La ley de reforma inmigratoria de Utah aprobada por la Legislatura en 2008 e implementada un año más tarde cambió sustancialmente la ley estatal al incluir lo siguiente:
-- Las agencias locales del orden judicial están autorizadas para hacer que sus oficiales se desempeñen como agentes de inmigración.
-- Se requiere que los jefes de las jefaturas de policía de los condados hagan cualquier "esfuerzo razonable" para que se identifique la ciudadanía de todo encarcelado.
-- Transportar o albergar a trabajadores indocumentados para recibir una ganancia monetaria es un delito estatal.
-- Se requiere que las agencias públicas o los contratistas verifiquen la condición inmigratoria de los empleados.
