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E-Verify en el umbral
Ley: La medida, que requiere verificación del estatus inmigratorio, entra en vigor el 1 de julio.
Thomas Burr, Ahora Utah
Washington -- El señor Hernández está asustado.
En 1998, cuando tenía 18 años y estaba lleno de ilusiones, dejó la comunidad impregnada por la violencia en donde nació, en el sur de México, para venir a Estados Unidos. Ha vivido en Utah durante los pasados 10 años y habla inglés con perfecta fluidez, lo que le permite llevar una vida cómoda trabajando en el campo médico, pagar impuestos, hacer trabajo voluntario en su comunidad y donar el 10 por ciento de sus ingresos a su iglesia.
Pero apenas llegue el 1 de julio, Hernández tal vez se enfrente a un requisito de empleo que podría acabar con su medio de vida. En esa fecha entra en vigor una nueva ley estatal, la SB251, que exige que los negocios verifiquen la condición inmigratoria de todos los empleados que contraten y que rechacen a cualquiera que no cuente con la autoridad legal para trabajar.
Si las empresas cumplen con esta ley, se calcula que entre 100,000 y 120,000 inmigrantes indocumentados de Utah tendrán que hacerle frente a unas cuantas opciones difíciles: encontrar un empleo en donde no se le tenga que rendir cuentas a nadie sobre el salario, usar documentos falsos o salir del estado.
"Será devastador", dice Hernández, a quien Ahora Utah acordó nombrar solamente con apellido por ser indocumentado.
"Si no tengo trabajo, no podré comer ni pagar el alquiler, ni tener las cosas necesarias", agrega.
Y regresarse al lugar donde se crió -del cual el último recuerdo que tiene es el de unos hombres con machete en mano invadiendo su casa- definitivamente no es una opción para Hernández.
"Me da tanto miedo regresar", comenta.
Las empresas tampoco tendrán muchas opciones a su alcance. Aunque la ley no conlleva ningún castigo si se le pasa por alto, específicamente señala que ninguna compañía que dependa de más de 15 empleados puede contratar a nadie sin hacer que los solicitantes se sometan a un sistema de revisión de antecedentes.
La mayoría de ellas, si no es que todas, usarán el E-Verify -programa que se ha ganado la aceptación de un grupo de congresistas que están analizando la posibilidad de que implementarlo sea obligatorio en todo lugar.
Para ciertas personas, este programa representa el principio de una cura, pero para el resto, es como echar sal a la herida.
La idea detrás de todo esto es retirarle el empleo a los trabajadores indocumentados y, por ende, reducir la población ilegal en Utah.
No obstante, los críticos advierten de las posibles consecuencias y un considerable precio humano.
Juan Ruiz, presidente de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Utah -la cual cuenta con más de 380 miembros-, habla sobre la situación de un pintor industrial mexicano que vive en el Valle de Salt Lake con toda la familia y cuyo empleador lo acaba de despedir debido a su temor a la Ley SB251, cuyas repercusiones podrían colocar a su empresa en peligro.
"Las pequeñas empresas pueden asustarse y confundirse, como esta compañía hizo al despedir a este hombre. Si luces diferente, te pueden despedir", dijo Ruiz.
Por otro lado, las compañías también están preocupadas.
"Los dueños de negocios en Utah van a querer cumplir con la ley; ellos desean ser buenos ciudadanos corporativos", comentó Mónica Whalen, presidenta y directora ejecutiva de The Employers Council, en Salt Lake City, quien afirma que aún cuando no hay penalidades para los que no cumplan con este requisito, los negocios querrán obedecer la nueva norma.
"No hay duda de que esta [ley] coloca un gran y significativo peso administrativo en los empleadores, especialmente sobre aquellos que son pequeños y de mediana empresa", añade.
Póliza de seguro -- El Senador Chris Buttars, republicano por West Jordan, y el Representante Chris Herrod, republicano por Provo, promovieron el proyecto de ley SB251 en la pasada asamblea legislativa argumentando que medidas severas en contra de aquellos que contraten trabajadores indocumentados disminuirá el flujo de inmigrantes hacia Utah.
Buttars indicó que las compañías que cumplan con este requisito quedarán exentas de demandas si es que de buena fe hicieron el esfuerzo por asegurarse de que sus trabajadores tengan la documentación adecuada.
"Es como una póliza de seguro", dijo Buttars en el piso del Senado estatal. "Estarás protegido... ¿Quién no quisiera eso"?
Buttars llegó a un acuerdo con el Gobernador Gary Herbert para que éste convocara a una sesión legislativa especial este verano con el propósito de dejar en claro que la implementación de la ley sería de carácter voluntario. Sin embargo, el gobernador decidió no convocar a una sesión especial y explicó que una sesión de 24 horas sería suficiente para sostener un debate integral, el cual, dijo, requerirá de más tiempo.
Maclovia Perez
801-833-2793
Coordinadora Red de Peruanos en Utah
E-mail:redperuenutah@gmail.com
http://redperuenutah.blogspot.com/
Corresponsal Red Democratica del Peru
