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Urge una ley que proteja derechos de migrantes
Las personas migrantes, debido a su nacionalidad, a las diferencias culturales, religiosas, y a la ausencia de políticas de protección, a menudo están expuestas o sufren una serie de vulneraciones a sus derechos, como condiciones abusivas de empleo, despidos laborales sin beneficios, difícil acceso a servicios básicos, discriminación, xenofobia, riesgo a las deportaciones masivas, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y arrestos arbitrarios.
Esta vulneración se incrementa en casos como el de las mujeres, los niños y niñas, y los migrantes irregulares, como se advierte en el Informe Defensorial N° 146“Migraciones y Derechos Humanos. Supervisión de las políticas de protección de los derechos de los peruanos migrantes”. Debido al status migratorio irregular, tienen dificultad para realizar quejas, reclamos y denuncias ante las instituciones competentes del país receptor.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, señala la importancia de discutir y aprobar una Ley de Migrantes que defina principios, objetivos y lineamientos de una política pública que garantice los derechos en todas las etapas del proceso migratorio y establezca de manera inequívoca las obligaciones del Estado en esta materia. Además, debe involucrar a diversos sectores como Relaciones Exteriores, Salud, Mujer, Educación, Trabajo, Interior, Justicia, así como al Congreso, organizaciones de la sociedad civil y la población migrante. Esta responsabilidad debe ser asumida por la actual Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria.
Es determinante que en el marco de una política migratoria con enfoque de derechos se aprueben procedimientos de amnistía o regularización de extranjeros que se encuentren en el país en situación de irregularidad, lo cual favorecería el ejercicio de sus derechos. Del mismo modo, el Estado debe continuar haciendo esfuerzos para que los países en los que exista mayor presencia de migrantes peruanos, puedan beneficiarse de dichas medidas de regularización.
Para ello es clave que el Estado en su conjunto facilite la documentación que nuestros nacionales requieran con dicha finalidad y que dada la lejanía o los costos, resulten de difícil obtención.
En la actualidad, no se cuentan con cifras exactas del número de peruanos en situación irregular. Por ello, debe fortalecerse la actuación de los consulados para implementar un registro de estos casos, así como lo relacionado a la asistencia legal y humanitaria.
Las últimas referencias al respecto datan del año 2005, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) reportó la situación de irregularidad del 55% de peruanos residentes en el exterior. En el 2007, el estudio “Perú: el fenómeno migratorio y las remesas” revelaba que el 83% de los migrantes peruanos estaba en similar situación.
Asimismo, se recomienda que se cumpla con las obligaciones internacionales del Estado en materia de protección de los derechos de los migrantes y se reconozca la competencia del Comité para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, así como la aprobación de los Convenios 97 y 143 de laOrganización Internacional del Trabajo (OIT), referidos a los trabajadores migrantes y las migraciones en condiciones abusivas.
En el caso de las personas que van a salir del país, es importante que la Dirección General de Migraciones y Naturalización (Digemin) y otros sectores brinden información y orientación previa al proceso migratorio, particularmente sobre los riesgos de la migración ilegal, de la trata y el tráfico ilícito de personas, así como las obligaciones y restricciones que imponen los países de mayor destino de peruanos. Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a informarse a fin de reducir los riesgos en su migración. Existen manuales de orientación elaborados por el Ministerio de Trabajo (Portal Perú Infomigra), la Guía Básica del Migrante elaborada por la Defensoría del Pueblo, la información que produce el Servicio de Atención al Migrante de la Comisión Andina de Juristas o también la Comunidad Andina, ubicados en sus respectivas páginas web.
También pueden informarse a través del Proyecto Perú Migrante, que busca reducir los niveles de vulnerabilidad legal, social y económica de los migrantes actuales y potenciales.
Si tienes algún comentario o si tus derechos como migrante se vieron afectados, escríbenos en este mismo espacio o en nuestros sitios en Facebook y Twitter.
Gisella Vignolo H. es adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo
Maclovia Perez
801-833-2793
Fundadora,Coordinadora Red de Peruanos en Utah*USA*
E-mail:redperuenutah@gmail.com
http://redperuenutah.blogspot.com
Corresponsal Red Democratica del Peru
(1998-2011..)
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Por una política exterior democrática en el Perú
