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Más de 8.500 indocumentados deportados por el 287g en Carolina del Norte
3 de mayo de 2010, 12:17 PM
Charlotte (Carolina del Norte), 3 may (EFE).- Más de 8.500 indocumentados han sido puestos en proceso de deportación tras ser identificados por el programa 287g en un condado de Carolina del Norte, mientras la comunidad inmigrante pide su desmantelamiento al cumplirse cuatro años de su implementación.
El 6 de mayo de 2006, la cárcel del condado Mecklenburg, donde está localizada Charlotte, la ciudad más grande del estado, comenzó oficialmente a investigar el estado migratorio de los extranjeros detenidos, independientemente de la falta cometida.
Doce alguaciles de Mecklenburg fueron entrenados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para identificar a los indocumentados tras la firma de un acuerdo bajo la sección 287g de la ley migratoria vigente desde 1996.
De esa manera, Mecklenburg se convirtió en el primer condado de la costa este del país en establecer un acuerdo entre el Gobierno federal y estatal para establecer una comunicación más efectiva entre las agencias del orden público.
El ex alguacil del condado, Jim Pendergraph, con la ayuda de la congresista republicana Sue Myrick, logró impulsar el programa en otros condados del estado bajo la consigna de que la 287g "sacaba de las calles a criminales peligrosos".
En un año, la aplicación del 287g en Mecklenburg se convirtió en un "ejemplo a seguir" para otros estados del país para "combatir la inmigración ilegal".
Para 2008, el programa se aplicaba en 8 condados de Carolina del Norte, convirtiendo a este estado en el segundo a nivel nacional con más acuerdos entre ICE y gobiernos locales para fichar a los inmigrantes "sin papeles", después de Virginia con 9.
El éxito de Pendergraph con el 287g fue tan contundente que la ex -subsecretaria de Seguridad Nacional para asuntos de Inmigración y Aduanas, Julie Myers, lo designó en octubre de 2007 como director ejecutivo y coordinador estatal y local de ICE.
Básicamente, el trabajo de Pendergraph era promover el programa entre las otras municipalidades de la nación con el fin de proteger "la seguridad nacional y pública", pero a menos de un año en el cargo decidió renunciar y regresar a Charlotte.
Para el actual alguacil de Mecklenburg, Daniel "Chipp" Bailey, en los cuatro años de funcionamiento "exitoso" y "transparente" del 287g en Charlotte se ha logrado "mantener a la comunidad a salvo".
"Para mí el programa ha servido para identificar a las personas que llegan a la cárcel y así resguardar la seguridad del lugar. Siempre he dicho que si no quieren pasar por el 287g no deben cometer crímenes o violar alguna ley estatal", afirmó Bailey a Efe.
Sin embargo, varios informes y estudios de grupos como la Universidad de Carolina del Norte y la Unión de Libertades Civiles (ACLU) han denunciado que el 287g en Meckelnburg ha resultado en deportaciones de inmigrantes por crímenes menores, generado un clima de perfil racial contra los hispanos y desconfianza a la policía.
Según cifras proporcionadas a Efe por la oficina del alguacil, desde 2006 hasta el 19 de abril de 2010, un total de 13.610 inmigrantes de 73 países, en su mayoría de México, Honduras, El Salvador, Guatemala y Brasil pasaron por el 287g.
De esos, 8.757 fueron fichados como indocumentados y puestos en proceso de deportación, de los cuales 7.314 por cargos menores como infracciones de tránsito, robos pequeños, asalto, violencia doméstica, fraude, resistencia a arresto, entre otros.
Sólo 973 por crímenes mayores o felonía y 22 tenían órdenes de captura.
"Es lamentables que se nos reconozca en el país por este programa que ha generado separación de familias, desconfianza de los hispanos hacia a la policía y sobre todo gastos innecesarios del presupuesto local", afirmó a Efe Rubén Campillo, coordinador estatal de la Campaña Reforma Migratoria Pro América.
"En momentos que nos enfrentamos a un déficit presupuestal, cierre de biblioteca y recortes en recursos para las escuelas, continuamos con una medida (287g) que crea temor entre la comunidad inmigrante", aclaró Campillo.
Organizaciones comunitarias como Action North Carolina, Grassroots Leadership, la Iglesia Católica, han cuestionado a las autoridades del gobierno local el costo (anualmente un millón de dólares) y los gastos que ocasiona al condado el uso del programa de deportación.
Precisamente el 1 de mayo, unas 2.500 personas marcharon por el centro de Charlotte hasta concentrarse en la entrada de la cárcel para exigir que se desmantele la 287g.
"Siembre hemos hablado del temor de la gente pero hoy (sábado) decimos que ya no estamos dispuestos a seguir tolerando las injusticias y la expansión de medidas de deportación tras la ausencia de una reforma migratoria que regularice a los indocumentados", apuntó Campillo.
Maclovia Perez
801-833-2793
Coordinadora Red de Peruanos en Utah
E-mail:redperuenutah@gmail.com
http://redperuenutah.blogspot.com/
Corresponsal Red Democratica del Peru
