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Advierten estafas en trámites de reunificación familiar
Reglamento de nueva medida todavía está siendo redactado por el servicio de inmigración
Una organización de ayuda a inmigrantes en el sur de Florida está advirtiendo estafas con una reciente norma de reunificación familiar anunciada por el gobierno, pero que no se encuentra vigente.
“Estamos teniendo demasiadas llamadas a nuestro centro para saber si este beneficio ya entró en vigencia. Y la respuesta es no”, dijo Carlos Pereira, director del Centro de Orientación del Inmigrante (CODI). “Nos reunimos hace un par de días con funcionarios de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIUS) y nos explicaron que no existen las regulaciones y tampoco una publicación en el Registro Federal” (Diario Oficial del gobierno estadounidense).
El beneficio citado por Pereira fue anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a principios de enero. Se trata de una modificación a la Ley del Castigo que permitiría a ciudadanos estadounidenses regularizar la estadía de familiares inmediatos indocumentados sin necesidad de salir del país.
El proceso actual
La ley vigente señala que un cónyuge o un pariente directo de un ciudadano (padres o hijos) pueden obtener sus papeles, pero la decisión conlleva un enorme riesgo: ser deportado y no poder regresar a Estados Unidos en un plazo de entre tres y 10 años.
Esta pesadilla cambiará en breve, cuando la nueva norma entre en vigencia.
Antes de iniciar el camino hacia la legalización o cambio de estatus, el indocumentado que reúna los requisitos deberá solicitar una exención o “waiver”. “Pero todavía no existe un reglamento”, reiteró Pereira.
Una vez el servicio de inmigración publique la norma que active la medida, el indocumentado será beneficiado con la remoción del castigo y quedará nula la prohibición de regresar a Estados Unidos.
La Ley del Castigo, también conocida como Ley de los 10 años, señala que si la persona residió en Estados Unidos por más 180 días y menos de 365, entonces la prohibición de reingreso es de tres años. Si se dilató por más de un año, ésta se extiende por una década.
No pague nada a nadie
Pereira dijo que mientras la USCIS “considera” el reglamento, personas inescrupulosas “están cobrando hasta $2 mil” por un trámite que el servicio de inmigración “no está dando curso”, porque todavía no es autorizado.
“Queremos que los afectados denuncien a todas aquellas personas que están cometiendo este tipo de fraude y robándole el dinero a las personas”, dijo el activista. “Se puede comunicar con nosotros al (786) 326-6744 o (786) 394-6746”, añadió.
Dijo además que mientras la USCIS no publique el reglamento en el Registro Federal “no se pueden hacer gestiones ni pagarle un centavo a nadie”.
“No envíe una solicitud pidiendo una exención provisional en este momento. La USCIS rechazará cualquier petición. La USCIS no puede aceptar solicitudes hasta que una regla final sea emitida”, apuntó.
El bueno beneficio
Con la nueva medida anunciada por el gobierno, el indocumentado favorecido podrá tramitar el ajuste de estatus y, una vez conseguido un certificado provisional, deberá viajar a su país de origen para recibir sus papeles de estadía legal y volver a Estados Unidos.
Según datos proporcionados por la USCIS, durante el año fiscal 2011 (del 1 de octubre de 2010 al 30 de septiembre de 2011) la agencia federal recibió 23 mil solicitudes para la exención. La tasa de aprobación se situó entre el 70 y 80%.
En enero, Alejandro Mayorkas, director de la USCIS, dijo que la modificación propuesta "reducirá significativamente el tiempo que los ciudadanos estadounidenses están separados de sus cónyuges e hijos en ciertas circunstancias, mientras esos parientes gestionan la obtención de visas para convertirse en inmigrantes legales a Estados Unidos".
Los parientes que cumplan con los requisitos deberán aportar sus datos biométricos y someterse a una revisión de sus antecedentes criminales antes de pedir que se anule la prohibición para vivir en Estados Unidos.
Acción ejecutiva
El cambio o modificación a la Ley del Castigo es la más reciente acción ejecutiva del presidente Barack Obama para cambiar algunos reglamentos migratorios sin tener que recurrir al Congreso, que se opone a cualquier clase de beneficio para los indocumentados.
El 18 de agosto el gobierno anunció su intención de aplazar, por tiempo indefinido, la deportación de 300 mil inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.
El gobierno también advirtió que la medida es discrecional, afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.
De inmediato la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió a la población indocumentada que la medida adoptada por el gobierno -y que afecta la política de deportaciones- no se trataba de una “amnistía", y recomendó estar atentos a posibles estafas por parte de tramitadores o notarios que realizan gestiones no autorizadas.
Rechazo republicano
Congresistas republicanos cuestionaron ambas medidas adoptadas por Obama y señalaron que el mandatario está intentando evitar al legislativo para crear una "amnistía" para los extranjeros que no tienen autorización para permanecer en Estados Unidos.
Los republicanos respaldan una severa ley migratoria que ponga fin a la inmigración indocumentada, estimada por grupos privados y el gobierno en 11 millones, la mayoría de ellos opriginarios de América Latina.
De acuerdo con recientes reportes del Pew Hispanic Center, 9 millones de personas pertenecen a familias que incluyen al menos un adulto sin la debida documentación, y al menos un hijo nacido en Estados Unidos.
El Consejo Nacional de La Raza (NCLR, la principal organización hispana de Estados Unidos) y The Urban Instituye estiman que entre 3 a 5 millones de niños ciudadanos estadounidenses tienen uno o dos padres de indocumentados.
Maclovia Perez
801-833-2793
Fundadora,Coordinadora Red de Peruanos en Utah*USA*
E-mail:redperuenutah@gmail.com
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Corresponsal Red Democratica del Peru
(1998-2011..)
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Por una política exterior democrática en el Perú
