El gobernador de Georgia promulgó una ley antiinmigrante al estilo de la de Arizona.

El gobernador de Georgia, Nathan Deal, firmó el 13 de mayo la ley HB87, una medida similar a la ley SB1070 de Arizona, en medio de protestas de organizaciones civiles y la indignación de la comunidad hispana.
Tras su promulgación, el gobernador declaró que se trataba de "un momento histórico para Georgia" e indicó que la ley es una respuesta a la falta de acción del gobierno federal con respecto a inmigración.
Mientras el gobernador firmaba la legislación acompañado del autor de la ley, el republicano Matt Ramsey, afuera un grupo de manifestantes protestaba contra la acción de Deal.
Qué dice la ley HB87
(Mundo Hispanico – 23 de mayo 2011)

• Conozca las cláusulas de la llamada ‘Ley Arizona’ de Georgia y las fechas en que estas entrarán en vigor.

1 de julio de 2011:

• Autorizará a los cuerpos policíacos verificar el estatus migratorio de cualquier sospechoso de haber cometido algún delito o falta menor (como manejar sin licencia, por ejemplo). Permitirá a la policía detener a aquellos individuos de los que se sospeche o se descubra que están en el país ilegalmente.
• El Departamento de Agricultura de Georgia efectuará un estudio para evaluar la posibilidad de crear un programa de trabajadores temporales para el estado. Algunos empleadores se quejan de que el programa que existe a nivel federal es muy costoso y limitante.
• Las personas que sean sorprendidas presentando documentos falsos para obtener empleo podrían ser encarceladas entre 1 y 15 años y/o enfrentarán una multa que no deberá exceder los $250 mil.
• Penalizará a quien, al cometer una infracción o delito, se le sorprenda transportando, protegiendo o albergando a indocumentados con conocimiento de causa. En dichos casos, las multas serán de entre $1 mil y $20 mil. Además, enfrentarán una condena de prisión de uno a cinco años.
• El testimonio de un oficial, agente o empleado del gobierno federal que señale a una persona de ser indocumentada será razón suficiente para que las autoridades actúen conforme a lo establecido en la ley.
• Un panel de siete miembros conformarán el Comité de Revisión para la Aplicación de la Ley de Inmigración. La misión de esta junta será investigar quejas en contra de oficinas gubernamentales, estatales y locales a las que se les acuse de que no cumplan con lo siguiente: verificar el estutus migratorio antes de proveer beneficios públicos, aplicar el programa E-Verify o permitir una política de “santuario” (es decir, que no persigan a los indocumentados). Además, el comité podrá sancionar a estas oficinas o empleados.

1 de enero de 2012:

• Las agencias estatales y locales exigirán a las personas una identificación “segura y confiable”, emitida por una agencia gubernamental estatal o federal, para poder solicitar beneficios públicos (por ejemplo, cupones de comida o asistencia médica). Las matrículas consulares o documentos similares no serán aceptados. La oficina del fiscal general de Georgia colocará una lista de los documentos que serán aceptados en su página web el 1 de agosto de ese año.
• Las empresas con 500 o más empleados de tiempo completo deberán utilizar la base de datos llamada E-Verify para verificar la elegibilidad para el empleo (incluyendo el estatus migratorio) de las personas nuevas que contraten. Las multas y la fecha de aplicación en cada empresa dependerán del número de empleados de las mismas. 

1 de julio de 2012:

• Solicitará a los patrones de empresas con más de 100 empleados de tiempo completo y menos de 500 a que utilicen E-Verify para verificar a sus nuevas contrataciones.

1 de julio de 2013:

• Todos los negocios con más de 10 y menos de 100 empleados de tiempo completo deberán utilizar E-Verify para revisar los documentos de los nuevos empleados. Los que tengan menos de 10 trabajadores están exentos de esta provisión de la ley.

NOTA: Para asegurar la precisión de la información, el contenido de esta nota se revisó con los abogados Charles Kuck y Jonathan Eoloff.

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Qué NO dice la ley

• Que el policía puede pararlo solo por parecer hispano.
• Que las escuelas deban pedir documentos a los niños para matricularlos.
• Que tendrá que demostrar que está legal aquí para rentar una vivienda.
• Que el policía puede deportarlo, pues la labor de este concluye cuando descubre el estatus legal del detenido. Deportarlo o liberarlo depende de autoridades y jueces de inmigración.
• Que le negarán la atención médica de emergencia en los hospitales si es indocumentado.
• Que enfrenta una deportación automática si es arrestado por cualquier causa. Algunas personas tienen derecho a pelear su caso ante un juez de inmigración.

Maclovia Perez
801-833-2793
Fundadora,Coordinadora Red de Peruanos en Utah*USA*
E-mail:redperuenutah@gmail.com
http://redperuenutah.blogspot.com
Corresponsal Red Democratica del Peru
(1998-2011..)
http://groups.yahoo.com/group/eleccion
Por una política exterior democrática en el Perú