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RECOMENDACIONES PARA EL ACTUAL DEBATE SOBRE POLÍTICA DE INMIGRACIÓN



El Consejo Nacional de La Raza (NCLR por sus siglas en inglés) tradicionalmente apoya las políticas de inmigración que son generosas, justas y humanas. En el área de control de inmigración, la posición de NCLR es que, como una nación soberana, los Estados Unidos puede y debe controlar sus fronteras. Sin embargo, el NCLR también cree que la aplicación de éstas leyes de inmigración, al igual que la de otras leyes, debe ser no discriminatoria y consistente con las leyes y valores estadounidenses.

La política de inmigración actual no es consistente con estos principios. Una combinación de factores demuestra que las políticas de inmigración de EE.UU. no han logrado sus objetivos, y que están en conflicto con las necesidades y valores del país:

•La población de inmigrantes indocumentados viviendo y trabajando en los EE.UU. ha crecido continuamente desde las reformas de inmigración pasadas. A pesar de la imposición de multas contra empleadores que contratan personas indocumentadas y la intensificación del control de las fronteras, un número sustancial y creciente de trabajadores indocumentados ha encontrado un lugar en la fuerza obrera norteamericana. Datos creíbles del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN, por sus siglas en inglés) y del Instituto Urbano estiman que el tamaño de esta población está entre seis y nueve millones. Además de la población que cruza la frontera entre México y los EE.UU. ilegalmente, más o menos el 40% de los trabajadores inmigrantes indocumentados entran con visas válidas y se quedan más del tiempo autorizado en la visa, según el SIN.
•La aplicación de las leyes de inmigración en la frontera y el interior están conducidas de tal manera que en cierto modo socavan los derechos civiles. Hay difundida evidencia del uso de perfil racial en la aplicación de las leyes de inmigración, y de colaboraciones entre los oficiales del SIN y los oficiales de la ley local, lo cual afecta los derechos civiles de los ciudadanos y residentes legales a quienes se les confunde con inmigrantes ilegales solamente basándose en la apariencia étnica. Además, estudios independientes realizados por el gobierno y agencias privadas han demostrado que la política de sanción a los empleadores que contratan trabajadores indocumentados - a través de la cual los empleadores verifican los documentos antes de contratar nuevos empleados - ha causado un patrón generalizado de discriminación de empleo contra personas que son residentes legales y ciudadanos de los EE.UU.
•Un alarmante e inaceptable número de muertes tiene lugar cada año en la frontera entre México y los EE.UU. Desde la iniciación de la operación Guardabarrera ("Gatekeeper" en inglés), la mayor iniciativa de control de la frontera, por lo menos 1700 inmigrantes han perdido sus vidas cruzando ríos, desiertos, y montañas para encontrar un trabajo en los EE.UU.
Más aún, hay cada vez más evidencia de que se necesita un programa de legalización significante para mantener el crecimiento económico de los EE.UU:

•Importantes sectores de la economía que proyectan crecimiento, dependen cada vez más de esta fuerza obrera. Representantes de industrias del sector de servicios, como los hoteles, los restaurantes y centros médicos, han formado una Coalición de Trabajadores Inmigrantes Esenciales (EWIC, por sus siglas en inglés) que aboga a favor de políticas de inmigración más generosas, incluyendo la legalización de aquellos que ya forman parte de la fuerza laboral en los EE.UU. Estos empleadores resaltan que la escasez marcada de obreros restringe significativamente el crecimiento económico.
•El movimiento obrero defiende que la legalización de la mano de obra indocumentada es sumamente importante para proteger la mano de obra global de los EE.UU. El AFL-CIO, en una decisión unánime en su concilio ejecutivo en 1999, tomó la posición que la mejor manera de proteger a todos los trabajadores estadounidenses es legalizando a aquellos que están en el mercado laboral sin los documentos legales de inmigración. Los sindicatos obreros argumentan que, para esos obreros que no tienen aún resuelta su situación migratoria, los patrones pueden ignorar las leyes de trabajo y debilitar sus esfuerzos de organizar campañas, porque los trabajadores que se quejan corren el riesgo de ser deportados. Este cambio dramático en la política del movimiento obrero subraya el grado de importancia de la mano de obra indocumentada.
•Estos desarrollos son consistentes con los puntos de vista de expertos económicos que confirman los beneficios globales de inmigración. Por ejemplo, en 1997, la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias determinó que los inmigrantes contribuyen aproximadamente $10 mil millones al año a la economía de los EE.UU., y pagan más en impuestos que lo que usan en servicios. Además, en testimonio al Congreso de los EE.UU. , Alan Greenspan, presidente de la Junta de la Reserva Federal dijo, "yo siempre he argumentado que este país se ha beneficiado inmensamente del hecho de que nosotros atraemos personas de todas partes del mundo, y el promedio de inmigrantes viene de un ambiente menos benigno, y de hecho ésa es la razón por la que ellos han venido aquí. Yo pienso que ellos aprecian los beneficios de este país más que nosotros mismos que hemos nacido aquí. Esto lo demuestran en su capacidad empresarial, su iniciativa y su deseo de realizar los tipos de trabajo que hacen funcionar esta economía cree que las negociaciones entre los Estados Unidos y México proporcionan una oportunidad histórica de reformar la política de inmigración de tal manera que responda y supla tanto las necesidades del mercado laboral en los EE.UU. como las necesidades de los inmigrantes. En particular, estas discusiones podrían crear una alternativa más eficaz y coherente al régimen de control de inmigración actual, el cual es ineficaz, discriminatorio e inconsistente tanto con nuestros valores nacionales como con nuestros intereses económicos. Sin embargo, este proceso también crea riesgos sustanciales. Con el propósito de maximizar oportunidades de políticas positivas y de minimizar los peligros, NCLR cree:

1) La legalización debe ser el principal elemento considerado dentro de cualquier cambio de política. Un número sustancial de trabajadores inmigrantes indocumentados ha estado residiendo desde hace mucho tiempo en los EE.UU, trabajan arduamente, pagan impuestos y por otra parte se rigen por nuestras leyes. Sus futuros están indisolublemente ligados con el nuestro. Los intereses de los EE.UU. serán mejor servidos si a todas éstas personas que han vivido durante mucho tiempo aquí, se les permite salir de las sombras. A aquéllos que puedan demostrar que han cumplido con estos compromisos y que han unido su futuro al futuro de los EE.UU. se les debe dar la oportunidad de legalizar su estado migratorio. Mientras esta discusión está teniendo lugar en el contexto de negociaciones entre los EE.UU. y México, tiene poco sentido desde la perspectiva estadounidense dar oportunidades de legalización sólo a los mexicanos; todos aquéllos situados en similar situación deberían tener la misma oportunidad.

2) Los programas de trabajador temporal por sí solos, no son una opción viable de política a largo plazo. La historia de los EE.UU. con el programa del trabajador invitado, ("guestworker" en inglés) el cual es aplicado principalmente al sector de la agricultura, ha sido muy negativa. El NCLR se ha opuesto a todas las expansiones propuestas a estos programas porque ellos socavaron los derechos de los obreros ofreciendo pocas protecciones laborales, atando a los obreros a un sólo empleador y sin darles ninguna oportunidad de ajustar su estado migratorio. De hecho, es notoria la imagen negativa de los programas de trabajador temporal en la comunidad latina debido a su historia-y realidad-de abuso. Existe un verdadero peligro que el debate actual simplemente siga la estructura que ha estado en pie desde los días del programa del bracero; de hecho, se está hablando sobre tal propuesta en el Senado de los EE.UU. Si semejante propuesta llega a surgir de las negociaciones entre losEE.UU. y México, o en el proceso legislativo, el NCLR no tendría otra opción que oponerse fuertemente.

3) Cualquier programa de trabajador temporal que pueda surgir de este debate debe ser notablemente diferente del programa actual. Nosotros reconocemos la realidad de que algunos obreros indocumentados vienen a los EE.UU. con la intención de regresar a sus países de origen. Ellos no buscan ser inmigrantes, pero a menudo terminan "atrapados" en los Estados Unidos ya que con nuestras políticas de control de las fronteras se les hace difícil partir y volver a entrar, inflando la categoría de indocumentados. Es razonable entonces, construir una estructura de trabajador temporal, particularmente para "regularizar" los flujos de futuros trabajadores. Sin embargo, éste debe ser notablemente diferente de la estructura del trabajador temporal existente. En particular, es esencial para cualquier trabajador que participe, estar cubierto totalmente por las leyes laborales estadounidenses, incluyendo el derecho a cambiar de empleador, sólidas protecciones de salarios y de las condiciones detrabajo y el derecho a sindicalizarse. De igual manera, es fundamental que tales leyes sean implementadas vigorosamente, reforzando la división de sueldos y horarios del Departamento de Trabajo de los EE.UU., así como asegurando que estos trabajadores tengan acceso a servicios legales. Finalmente, cualquier programa del trabajador temporal también debe incluir la opción de ajustar su estado migratorio; es decir, si su labor se necesita en el país año tras año, ellos deben poder elegir si desean permanecer en los EE.UU como inmigrantes, después de haber demostrado que su trabajo es de valor aquí.

4) La aplicación de las leyes de inmigración debe dirigirse estratégicamente. Ni siquiera una estructura exitosa de trabajador temporal eliminaría la necesidad de aplicar leyes de inmigración en las fronteras de los EE.UU. y el interior. Pero esta aplicación debe dirigirse estratégicamente, enfocándose a los contrabandistas de grandes escalas y redes de empleadores que deliberadamente importan trabajadores de otros países para evadir el salario legal estadounidense y otras leyes creadas para la protección de los trabajadores. La aplicación de las leyes en la frontera y el interior también deben ser conducidas de acuerdo a un estricto sistema de normas para proteger los derechos civiles y humanos de aquéllos que entran en contacto con el personal que está aplicando la ley. Además, el régimen de sanciones al empleador ineficaz y discriminatorio debe reemplazarse por un nuevo sistema que haga énfasis en el cumplimiento y aplicación de las leyes laborales, y así eliminar el incentivo económico de empleadores sin escrúpulos que contratan empleados no autorizados.

El Consejo Nacional de La Raza cree que este debate de las políticas de inmigración presenta una importante oportunidad para reconsiderar un régimen de políticas de inmigración que no responde a la realidad. Por mucho tiempo nuestras leyes han -en el nombre de imponer orden- permitido un caótico y no regulado proceso que aún continúa. Al legalizar a inmigrantes que viven, trabajan y contribuyen a la vida en los EE.UU., este debate podría tratar justamente a personas trabajadoras que han respondido a una realidad económica que ha sido ignorada por nuestras leyes. Al mismo tiempo, un programa de trabajador temporal que responda a las necesidades laborales de los EE.UU. en una forma ordenada y regulada - rompiendo precedentes al proveer a los trabajadores los derechos laborales completos - estará mejor equipado para romper el ciclo creado por las últimas reformas de inmigración, las cuales han pretendido reforzar la aplicación de las leyes pero han fallado en controlar el flujo de inmigrantes que vienen en busca de trabajos que están claramente disponibles en los EEUU. Para concluir, el NCLR cree que tal programa, correctamente construido, podría evitar que en 15 años el país tuviese otro debate, sobre legalizar otro grupo de trabajadores que viven y trabajan en los EE.UU. a pesar de nuestras leyes de inmigración.

Maclovia Perez
801-833-2793
Coordinadora Red de Peruanos en Utah
E-mail:redperuenutah@gmail.com
http://redperuenutah.blogspot.com
Corresponsal Red Democratica del Peru