Elección de Ollanta Humala en Perú. ¿Mas allá del neoliberalismo?

Elección de Ollanta Humala en Perú. ¿Mas allá del neoliberalismo?

Deborah Poole, John Hopkins University

Gerardo Renique, City University of New York

Luego de una reñida campaña electoral los votantes peruanos le dieron la victoria al progresista nacionalista Ollanta Humala. La elección del 5 de junio puso final a una extremadamente polarizada campaña en la cual la derecha peruana movilizo sus considerables recursos –incluyendo a la alta jerarquía de la iglesia católica—para demonizar a Humala por sus supuestas conexiones con el presidente de Venezuela Hugo Chavez, su reputada participación en el levantamiento militar del 2005 liderado por su hermano Antauro, y por su posible participación en abusos a los derechos humanos durante su tiempo de servicio en el ejercito peruano. Preocupaciones propagadas a través de los medios y redes sociales junto con infundados rumores que su gobierno expropiaría a quien tuviera mas de dos propiedades y que estatizaría todas las industrias y operaciones mineras. La frenética campana en contra de Humala no se limito sin embargo a los tabloides de la prensa amarillista. El diario El Comercio, el mas antiguo y prestigioso en todo el país, despidió a varios periodistas de sus publicaciones y televisoras de su conglomerado empresarial por haber “humanizado” a Humala en su cobertura del proceso electoral.

Lo que mas preocupo a la derecha sin embargo fueron las moderadas propuestas nacionalistas de Humala para acabar con la corrupción, fortalecer la soberanía estatal sobre los recursos naturales a través de impuestos a las sobreganancias de las empresas mineras, y la expansión del incipiente sistema de seguridad social existente en el país a través de una reforma educativa y pensiones para las personas mayores de 60 años. Si bien estas medidas no representan mayor peligro a la bien arraigada economía neoliberal en el Perú, en los antecedentes militares y el nacionalismo de Humala las elites perciben las incomodas resonancias del mas extenso y coherente programa de nacionalizaciones y Reforma Agraria del gobierno del general Velasco Alvarado durante la década de 1970. Para estas elites las mas modestas de las reformas representan una amenaza inaceptable al “boom” económico peruano de la ultima década de tasas de crecimiento similares a las alcanzadas por China. Ha sido empero un sector muy reducido de la población peruana el que se ha beneficiado de las grandes inversiones extranjeras responsables del crecimiento económico del país.

El 55% de los votos obtenidos por Ollanta Humala y Keiko Fujimori expresaron claramente que la mayoría de los peruanos tiene una visión muy diferente a la del “milagro económico” promovido por los tres candidatos derechistas que resultaron perdedores de la primera ronda electoral. Si bien, de acuerdo a cifras oficiales del gobierno peruano, la población en estado de pobreza se redujo en los últimos años, el crecimiento macroeconómico ha dado escasos beneficios tangibles para la tercera parte de la población que sobrevive debajo del nivel de pobreza. Esto es especialmente cierto para el 60% de la población de las zonas rurales que vive en la pobreza. El modelo económico exportador-extractivista ha exacerbado mas bien las seculares desigualdades regionales, étnicas, sociales y de genero que fracturan a la sociedad peruana. Gran parte de la riqueza del país se mantiene concentrada en la ciudad capital de Lima, sede de las grandes corporaciones mineras exentas de impuestos a las sobreganancias y responsables del despojo sistemático y destrucción de las comunidades, economías y el medio ambiente de las regiones andinas y amazónicas mas empobrecidas de todo el pais. Las concesiones a empresas mineras, gaseras y petroleras para exploración y explotación de recursos naturales cubren casi el 70% del territorio nacional representan una amenaza a la supervivencia cultural de comunidades indígenas y campesinas. Las protestas de estas comunidades en contra de grandes represas, empresas mineras y petroleras en defensa del medio ambiente y la soberanía nacional no han encontrado otra respuesta del gobierno de Alan García que la represión policial. La primera ronda electoral coincidió con paralizaciones regionales en contra de concesiones mineras y petroleras y proyectos hidroeléctricos en los departamentos de Ancash, Arequipa, Cajamarca y Moquegua. La segunda vuelta electoral a su vez estuvo enmarcada por una dramática huelga general de tres semanas en el departamento de Puno que dio lugar al cierre de la frontera entre Perú y Bolivia y la paralización total del comercio y el turismo. Los gobiernos regionales electos por voto popular, cuyo mandato constitucional es el de disminuir las diferencias regionales, se han mostrado inefectivos debido a que el gobierno central mantiene jurisdicción absoluta sobre los recursos naturales, concesiones mineras y petroleras, y la distribución de recursos fiscales.

Son estas desigualdades estructurales las que sostienen el fuerte apoyo a Humala en las regiones del Sur Andino y la Amazonia, así como la popularidad de Fujimori sobre todo entre los asentamientos urbanos pobres de Lima. El programa de Humala ofrece a estos sectores la esperanza de una mas equitativa distribución de los recursos generados por el “boom” económico. Por su parte el populismo y distribución de enseres y alimentos por parte de Keiko Fujimori durante su campaña satisfacían la nostalgia popular hacia los programas de alivio a la pobreza y el prestigio de la presidencia de su padre quien impuso ley y orden en un país devastado por una cruenta guerra interna. Hallado culpable por su papel en secuestros, asesinatos, sobornos y desfalco durante sus diez años como presidente, su padre Alberto Fujimori se encuentra en la cárcel cumpliendo una pena de 25 años. Después de ver derrotados a los tres candidatos durante la primera vuelta electoral, y dando prioridad a sus propios intereses sobre los mas elementales principios democráticos y de respeto por los derechos humanos, la derecha se reagrupo en apoyo a Fujimori ignorando su clara conexión con las políticas autoritarias, violaciones a los derechos humanos, y corrupción rampante durante la presidencia de su padre.

Las elecciones también resaltaron la intensidad con la que los miedos raciales y de clase siguen animando la política peruana. Para las elites los dos candidatos representaban un incomodo recordatorio que la mayoría de los votantes en el Perú no son como ellos. La atracción de Fujimori entre los pobres (sobre todo urbanos) significo para las elites la oportunidad de contener a las masas de piel oscura mediante modestos programas de gobierno con las clases bajas como clientes pasivos de la beneficencia estatal. Los simpatizantes de Humala, de otro lado representaban una población de clase trabajadora, campesina e indígena en demanda de reformas fundamentales al modelo económico reinante. Ante esta opciones las elites cerraron filas poniéndose en contra de su propio Premio Nóbel el conservador Mario Vargas Llosa. Después de su condena publica de las tendencias autoritarias y fascistas de Keiko Fujimori y el anuncio de que votaría por Ollanta Humala, el y su familia sufrieron ataques verbales públicos, a través de la prensa y las redes sociales. El audaz apoyo de Vargas Llosa hacia la candidatura de Humala fue critico en ganar votos entre votantes indecisos de las clases medias y altas. Las tendencias autoritarias de Keiko Fujimori y su historial de corrupción sin embargo importaron poco para las elites económicas y políticas cuyas actitudes hacia las clases populares llevan todavía la huella colonial de la oligarquía del siglo diecinueve.

Mientras por el momento es todavía temprano para predecir el rumbo que tomara el gobierno de Humala, su victoria electoral ha infringido un duro golpe tanto a la derecha peruana como a los intereses norteamericanos en América Latina. La elección de Humala ciertamente debilitara la recientemente formada Alianza del Pacifico entre México, Colombia, Chile y Perú. Auspiciada por los Estados Unidos, como tímida expresión de la fracasada Área de Libre Comercio de las Américas del presidente G. Bush, con el objetivo de contrarrestar los esfuerzos de la UNASUR y de recuperar el terreno perdido por inversionistas norteamericanos ante el empuje de capitales chinos, europeos y sudamericanos. La elección de Humala representa también una rotunda derrota para el presidente peruano Alan García. Con su desembozado apoyo a Keiko Fujimori García no solo violo las leyes peruanas sino que también puso los recursos del estado a disposición de la “guerra sucia” mediática en contra de Humala. Su partido, APRA, solo logro elegir cuatro congresistas.

La derrota mas significativa de la elección del 5 de Junio la sufrieron empero los tecnócratas fujimoristas que formaron parte del circulo de funcionarios y asesores del ex-presidente Alberto Fujimori y que constituyen piezas claves de su proyecto populista autoritario. La victoria electoral de Humala sobre Keiko Fujimori bien puedes marcar el principio del fin del fujimorismo como movimiento político organizado. Aunque la alianza electoral fujimorista, Fuerza 2011, logro el segundo numero de asientos en el congreso queda por ver que forma de alianzas lograran establecer con las por el momento agobiadas fuerzas de la derecha política peruana.

Muchos han interpretado la elección de Humala como una victoria para la izquierda latinoamericana. En la medida en que gano a pesar de la agresiva oposición de la poderosa derecha peruana, y con el apoyo de movimientos sociales regionales, indígenas, juveniles, esta interpretación es cierta. Mas aun, Humala gano como parte de una coalición electoral (Gana Perú) que incluyo a veteranos políticos e intelectuales de izquierda. Queda por ver empero hasta que medida (o tal vez que tan rápido) Humala se distanciara de aquellos miembros de su coalición que se mantienen presionando por cambios sustantivos al sistema político y económico, y que tanto será capaz de escuchar y responder a los rebeldes movimientos regionales, indígenas, campesinos y anti-extractivistas que hicieron posible su elección. Tampoco contara Humala con la ventaja de un organizado y coherente partido político o sostén ideológico. Si bien el Partido Nacionalista fue instrumental en congregar apoyo para Humala en algunas regiones del país, el apoyo mas significativo lo dio una amplia gama de movimientos sociales incluyendo movimientos anti-corrupción y anti-fujimori, grupos de derechos humanos, feministas y sobre todo los movimientos indígenas, campesinos, anti-minería y regionales que conforman la mas importante oposición al neoliberalismo en el país. Estas fuerzas fueron sobre todo importantes durante las ultimas semanas de la campaña cuando el movimiento “No a Keiko” organizo marchas masivas en Lima y otras ciudades del país. Su papel en la elección de Humala, y sobre todo en la resistencia al neoliberalismo, sugiere un posible giro dentro del país en la medida que los actores políticos en las regiones ganan mayor prominencia vis a vis el tradicional control político ejercido por Lima. Esperamos que estos mismos actores políticos y movimientos sociales que hicieron posible la elección presidencial de Humala forzaran al nuevo gobierno a cumplir con las reformas económicas, sociales y políticas que demandan los movimientos sociales para empujar al Perú mas allá del neoliberalismo.

New York, June 2011- La Diaspora Peruana

Publicado por La Diaspora Peruana Wednesday, June 22, 2011

The Ollanta Humala Victory in Peru: Moving Beyond Neoliberalism?

The Ollanta Humala Victory in Peru: Moving Beyond Neoliberalism?

By Deborah Poole (Johns Hopkins University)

& Gerardo Renique (City University of New York)

On June 5, Peruvian voters handed a hard won presidential victory to the progressive nationalist, Ollanta Humala. The elections brought to an end a polarizing campaign in which the Peruvian right had mobilized considerable resources to demonize Humala for his past connections to Venezuelan president Hugo Chávez, his alleged participation in a 2005 military uprising led by his brother Antauro, and his possible involvement in human rights abuses while serving in the Peruvian military. Peruvian media and social networks widely publicized these concerns about Humala’s past, along with other unfounded rumors that he would expropriate second homes and convert all industries and mining ventures into state owned enterprises. As the frenzied media campaign gained strength, Peru’s leading daily El Comercio and its affiliate TV stations fired several prominent journalists for “humanizing” Humala.

What most worried the right, however, were Humala’s moderate nationalist proposals to end corruption, strengthen Peruvian sovereignty over natural resources through windfall taxes on foreign mining companies, and expand Peru’s broken social welfare system through educational reforms and public pensions for the elderly. Although the proposed reforms pose little threat to Peru’s entrenched neoliberal economy, Humala’s nationalism and military background uncomfortably reminded Peru’s economic elites of former military president General Velasco Alvarado and his 1970s agrarian reform and nationalization program. These elites viewed even the most modest proposals for reform as an unacceptable threat to the economic “boom” that has brought unprecedented growth rates rivaling those of China. A small percentage of upper class Peruvians have profited from the unregulated foreign investment that has fueled Peru’s economic growth.

The 55% of the vote that went to presidential candidates Humala and Keiko Fujimori in the first round, however, made it clear that more than half of voters had not benefitted from the economic “miracle,” and were looking for change. During the campaign, Humala proposed reforms to redistribute wealth within the current economic model. Fujimori offered a panoply of populist poverty alleviation measures intended to soften the effects of neoliberal exclusion. According to Peruvian government statistics overall poverty rates have declined in recent years, however macroeconomic “growth” has brought few tangible benefits to the 31% of Peruvians who continue to live below the poverty line. This is especially true for the 60% of the rural population that lives in poverty. Growth has instead exacerbated the striking regional, ethnic, and class inequalities that characterize Peruvian society. Wealth and power have increasingly become concentrated in the Peruvian capital, Lima, which serves as tax home to the many international mining companies that have systematically devastated local communities, economies, and environments in Peru’s impoverished highland and jungle regions. Mining and petroleum concessions now cover almost 70% of Peru’s national territory posing a serious threat to peasant and indigenous communities and their political and cultural survival. The current conservative government of Alan García has met indigenous, peasant, and regional protests against unregulated mining and environmental destruction with military and police violence. Regional strikes over mining, hydrocarbon concessions, and hydroelectric projects in Arequipa, Ancash, Cajamarca, and Moquegua coincided with the run up to the first round election on April 10. As the second round campaign drew to a close, the southern region of Puno staged a dramatic three-week general strike that paralyzed commerce and tourism, and closed the Peruvian-Bolivian border. Peru’s 25 elected regional governments, whose constitutional mandate it is to diminish regional inequities, have been consistently hamstrung by a central government that retains absolute jurisdiction over natural resources, mining, and hydrocarbon concessions, and the distribution of fiscal resources.

These structural inequities help to explain the strong support that Humala received in Peru’s southern, highland, and Amazonian regions, and Fujimori’s popularity among the urban poor in Lima. Humala’s nationalist program offered hope for a more equitable distribution of the benefits of Peru’s booming economy. Fujimori’s populist proposals and campaign handouts catered to popular nostalgia for her father’s poverty alleviation programs and his reputation for having imposed law and order on a country devastated by internal war. Keiko Fujimori’s father, Alberto Fujimori is now serving a maximum 25-year sentence for his role in kidnappings, killings, embezzlement, and bribery during his 10-year-long presidency (1990-2000). Putting self-interest above human rights and democratic principles, Peru’s elites nevertheless moved quickly to consolidate their support for Keiko Fujimori, ignoring her clear ties to the authoritarian policies, human rights violations, and rampant corruption of her father’s presidency.

The elections also underscored the extent to which racial and class fears continue to animate Peruvian politics. For Peruvian elites, both candidates offered an unpleasant reminder that the majority of Peruvian voters were not like them. Fujimori’s appeal to the (mostly urban) poor, however, offered elites a reassurance that the dark-skinned masses could be contained through modest, state-led programs in which the lower class would figure as passive clients of state beneficence. Humala’s supporters, on the other hand, represented a more politicized working, peasant, and indigenous population demanding fundamental reforms to the reigning economic model. Faced with such an option, the elites closed ranks, turning against even their own Nobel Laureate, Mario Vargas Llosa. After Vargas Llosa publicly condemned the fascist and authoritarian tendencies of Fujimori, and announced that he would instead vote for Humala, he and his family were verbally attacked both publically and in the press. Vargas Llosa’s bold support for Humala was crucial in rallying the vote of undecided middle and upper class voters. Fujimori’s authoritarian tendencies and history of corruption mattered little to economic and political elites whose attitudes towards popular classes still bear the colonial imprints of the old nineteenth century oligarchy.

While it is too early to predict the future of the Humala government, his victory has dealt an important blow to both the Peruvian right and U.S. interests in Latin America. Humala’s election will certainly undermine the recently formed Pacific Alliance between Mexico, Colombia, Chile, and Peru. Sponsored by the United States, the Alliance is meant to counter the Union of South American Nations (UNASUR) and to recuperate terrain recently lost by American investors to Chinese, European and South American capital. Humala’s election was also a resounding defeat for Peruvian President Alan García. García not only violated Peruvian law by openly endorsing Fujimori’s candidacy, he also made state resources available for the media campaign against Humala. García’s American Popular Revolutionary Alliance (APRA) party—the oldest political party in Peru and a stalwart of social democracy in Latin America—barely obtained four congressional seats in the April elections.

Perhaps the most significant losers in the June elections, however, are the Fujimorista technocrats who formed the core of former president Alberto Fujimori’s authoritarian populist project. Humala’s victory over Fujimori probably spells an effective end to Fujimorismo as an organized political movement. Although the Fujimorista electoral coalition, Fuerza 2011, won the second highest number of seats in the national legislature, it remains to be seen what alliances they can forge with Peru’s beleaguered political right.

Many have interpreted Humala’s election as a victory for the Latin American Left. Insofar as he won despite the untrammeled opposition of the powerful Peruvian right, and with the support of Peru’s regional, indigenous, student, and social movements, this is true. Moreover, Humala won as part of an electoral coalition (Gana Peru) that included seasoned politicians and intellectuals from the Peruvian Left. It remains to be seen, however, to what extent (or perhaps how quickly) Humala will distance himself from those members of the coalition who continue to press for substantive changes to the political and economic system, and how well he will be able to control the fractious regional, indigenous, peasant, and anti-mining movements that helped to bring him to power. Nor will Humala enjoy the advantage of an organized and coherent party or ideological support. Although the Nationalist Party was instrumental in rallying support for Humala in some regions of the country, the more significant support came from a broad array of social movements including anti-Fujimorista and anti-corruption movements, and the indigenous, anti-mining, peasant, and regional movements that form the strongest opposition to Peru’s neoliberal economic status quo. These forces were especially important during the final weeks of the campaign, as the “No to Keiko Fujimori” movement organized massive demonstrations in Lima and other cities. Their role in helping to elect Humala suggests a possible shift within the country, as political actors in the interior gain new prominence vis a vis Lima’s traditional hold on power. We must hope that these same political actors and social movements that helped bring Humala to power will now force his government to carry through the economic, political, and social reforms that the social movements demand to move the country beyond neoliberalism.

New York, June 2011, La Diaspora Peruana

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