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“Obama no ha levantado un dedo por los indocumentados”
La violencia e intolerancia oficiales contra los inmigrantes alcanza proporciones que evidencian una crisis humanitaria imposible de ignorar.
A los operativos oficiales en contra de inmigrantes no-violentos se suma una plaga de ataques criminales inspirados por odio racial ocasionalmente festejados luego de los blandos veredictos calificando de inocentes o de simples homicidas a quienes han asesinado inmigrantes en Shenandoah (PA) y Long Island (NY).
La política de inmigración durante el primer año del Gobierno Obama no ha frenado las peores violaciones a los derechos civiles características de los años del presidente George W. Bush, según el estudio del Immigration Policy Center (IPC), “El desafío de la reforma (migratoria)”.
“El fracaso en afrontarla (la reforma migratoria) ha dejado el campo totalmente abierto para este ultraje (S.B. 1070 el proyecto de ley anti-inmigrante de Arizona), y tememos vendrán muchos más” editorializó el New York Times.
“La administración Obama ha escalado la deportación en masa como nuestra única forma de abordar a los inmigrantes” denunció el representante Luis Gutiérrez. “Un hombre que le dijo al electorado latino que veía a los inmigrantes indocumentados… no como a criminales o deportables, no ha levantado siquiera un dedo” cuestionó el demócrata por Illinois.
Enjuiciamiento por cruzar la frontera
“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha continuado el operativo Operation Streamline, una política de cero tolerancia a lo largo de la frontera sur que exige que se enjuicie criminalmente a quienes crucen la frontera aún si no fueran peligrosos ni violentos”, concluyó el Immigration Policy Center (IPC).
Aquellos que crucen la frontera la primera vez enfrentan cargos por infracciones menores y hasta 6 años de prisión; aquellos que re-ingresen luego de haber sido deportados serán enjuiciados por delitos mayores y penados hasta por 20 años de prisión, según la American Civil Liberties Union (ACLU). En la práctica enjuiciar a todo el que cruce sin visa, sobre todo en las zonas de frontera, ha resultado en procesos judiciales masivos, sin garantizar a los detenidos derechos básicos para defenderse. Incluso el Noveno Distrito “determinó que… las audiencias sumarias violan la ley federal”, en el caso de EE.UU. versus Roblero-Solíz en el 2009, refiriéndose a la “justicia en serie” practicada durante las audiencias masivas que se realizan en menos de 48 horas, de todos los detenidos por cruzar la frontera.
S.B. 1070: “Dura y cruel ley” anti-inmigrante
“La intención de esta ley es hacer del hostigamiento mediante la fuerza pública una política oficial…desanimando el ingreso y la presencia ilegal de extranjeros…” dice textualmente el proyecto de Ley del Senado de Arizona S.B.1070.
“Dura y cruel ley…lo cual sonaría desproporcionado hasta que uno lee por sí mismo la ley”, señaló el New York Times en su editorial “Arizona Goes Over the Edge”.
El Senado de Arizona llama “atrición” lo que en inglés significa “agotar mediante constante hostigamiento, abuso y ataque” a los inmigrantes.
Las autoridades podrán arrestar “sin orden judicial”, y motivados por la “mera sospecha que una persona sea alienígena e ilegalmente se encuentre presente en los Estados Unidos”.
Para detener a cualquier inmigrante sospechosamente “ilegal” a la policía se sumarían los “oficiales de paz” –incluyendo aquellos nombrados por el distrito de aguas, los aeropuertos, ó el departamento de seguridad pública.
Amparado únicamente en su opinión personal, cualquier ciudadano de Arizona contaría con poderes “para enjuiciar a cualquier autoridad… que restrinja la aplicación de la ley federal de inmigración por debajo de lo que la ley federal permita en toda su extensión posible”.
Cualquiera “que sepa o tenga razón de saber” que alguien no está legalmente en Arizona, incluyendo casos de sobre-estadía de visas, será culpable de “contrabando de seres humanos” si alberga o transporta en su vehículo a un inmigrante.
La S.B. 1070 criminaliza incluso la acción de “proteger” a la familia inmediata.
Aprobada por la Cámara y el Senado de Arizona, “los habitantes de Arizona están a la expectativa de la firma por parte de la gobernadora Jan Brewer” para que la S.B. 1070 se haga ley comentó el diario conservador “Sonoran News”.
287-G, oficialmente abominable
El uso del término “criminal alienígena” es engañoso.
“Los enjuiciamientos federales por inmigración aumentaron a niveles récord en el 2009”, aseveró el Immigration Policy Center (IPC), evidenciando que “bajo esta administración, el gobierno federal continúa gastando miles de millones de dólares acusando a inmigrantes infractores no-violentos.
Al mismo tiempo “crímenes más serios en los que droga, armas, y crimen organizado están involucrados enfrentan una probabilidad menor de ser acusados”, denunció la misma agencia.
Las acusaciones por inmigración ahora representan 54% de todos los enjuiciamientos federales y aumentarán otro 14% el año fiscal 2009, según el centro TRAC de Syracuse University.
El programa “Secure Communities” obtiene datos biométricos de cualquier detenido tales como huellas digitales para ingresarlos a una base de datos federal. “Comunidades Seguras” incluyen un gran número de individuos sin antecedentes delictivos. Individuos acusados por crímenes, y personas no sujetas a deportación”, destacó el informe del IPC.
La obtención de huellas digitales y la identificación se hace al momento del arresto, y no al cabo de la sentencia como dictan la Constitución y las leyes.
Así se agrava el riesgo de considerar sospechoso a alguien únicamente por su raza u origen hispano, para así arrestarlo e investigar su estatus migratorio. Pese a estos flagrantes abusos, la DHS ha expandido el programa “Comunidades Seguras” de 14 a 107 localidades en el 2009 e identificó a 111.000 presuntos “criminales alienígenas” en el mismo año.
Deportando inmigrantes no-criminales
El uso del término “criminal alienígena” es engañoso.
“Los enjuiciamientos federales por inmigración aumentaron a niveles récord en el 2009”, aseveró el Immigration Policy Center (IPC), evidenciando que “bajo esta administración, el gobierno federal continúa gastando miles de millones de dólares acusando a inmigrantes infractores no-violentos.
Al mismo tiempo “crímenes más serios en los que droga, armas, y crimen organizado están involucrados enfrentan una probabilidad menor de ser acusados”, denunció la misma agencia.
Las acusaciones por inmigración ahora representan 54% de todos los enjuiciamientos federales y aumentarán otro 14% el año fiscal 2009, según el centro TRAC de Syracuse University.
El programa “Secure Communities” obtiene datos biométricos de cualquier detenido tales como huellas digitales para ingresarlos a una base de datos federal. “Comunidades Seguras” incluyen un gran número de individuos sin antecedentes delictivos. Individuos acusados por crímenes, y personas no sujetas a deportación”, destacó el informe del IPC.
La obtención de huellas digitales y la identificación se hace al momento del arresto, y no al cabo de la sentencia como dictan la Constitución y las leyes.
Así se agrava el riesgo de considerar sospechoso a alguien únicamente por su raza u origen hispano, para así arrestarlo e investigar su estatus migratorio. Pese a estos flagrantes abusos, la DHS ha expandido el programa “Comunidades Seguras” de 14 a 107 localidades en el 2009 e identificó a 111.000 presuntos “criminales alienígenas” en el mismo año.
Deportando inmigrantes no-criminales
La meta de deportar un récord histórico de inmigrantes es promovida por la ex gobernadora de Arizona y hoy secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Janet Napolitano.
Descontenta con deportar criminales convictos y violentos, mediante su subalterno, el hispano James M. Chaparro, se quejó en un memorando interno: “La actual proyección de remoción de inmigrantes no-violentos está muy por debajo de nuestra meta para el año fiscal 2010”.
En aquel memorando enviado a fines de febrero y dirigido a los directores de ICE (Policía de Inmigración), Chaparro propuso: “En 30 días incrementaremos nuestro promedio diario de inmigrantes detenidos… para llegar a un promedio nacional de aproximadamente 32.600”.
¿Cuál es la urgencia y por qué el acoso oficial a inmigrantes no-criminales?
Un funcionario de inmigración que habló con el Washington Post, admitió: “Nos toma un promedio de 45 días deportar a un criminal, comparado con sólo 11 días para deportar a un no-criminal”.
La cacería de inmigrantes no-criminales afecta a todos: Por sobre-estadía de visa, residentes legales incapaces de identificarse por sufrir de algún problema mental, residentes que ya respondieron por contravenciones menores décadas atrás y cuyos datos siguen en la base de datos de la policía.
Irónicamente otro subalterno de Napolitano, el sub-secretario del DHS, John T. Morton, declaró: “No creo que un programa de policía deba basarse en una meta numérica que debe cumplirse sin más… así que no estableceremos ya más tales cuotas”.
“Secure Communities” criminaliza
El uso del término “criminal alienígena” es engañoso.
Los enjuiciamientos federales por inmigración aumentaron a niveles récord en el 2009” aseveró la IPC, revelando que “bajo esta administración, el gobierno federal continua gastando miles de millones de dólares acusando a inmigrantes infractores no-violentos.
Al mismo tiempo “crímenes más serios en los que droga, armas, y crimen organizado están involucrados enfrentan una probabilidad menor de ser acusados” denunció la misma agencia.
Las acusaciones por inmigración ahora representan 54% de todos los enjuiciamientos federales y aumentarán otro 14% el año fiscal 2009, según el centro TRAC de Syracuse University..
El programa “Secure Communities” obtiene datos biométricos de cualquier detenido tales como huellas digitales para ingresarlos a una base de datos federal. “Comunidades Seguras” incluyen un gran número de individuos sin antecedentes delictivos. Individuos acusados por crímenes, y personas no sujetas a deportación” destacó el informe del Immigration Policy Center.
La obtención de huellas digitales y la identificación se hace al momento del arresto, y no al cabo de la sentencia como dictan la Constitución y las leyes.
Así se agrava el riesgo de considerar sospechoso a alguien únicamente por su raza u origen hispano, para así arrestarlo e investigar su estatus migratorio. Pese a estos flagrantes abusos, la DHS ha expandido el programa “Comunidades Seguras” de 14 a 107 localidades en el 2009 e identificó a 111,000 presuntos “criminales alienígenas” en el mismo año.
¿1.000 inmigrantes detenidos muertos?
Quizá nunca sepamos la cifra de muertes de inmigrantes bajo detención.
Gracias a los medios de comunicación al menos 107 muertes durante detención han sido reveladas a una comisión investigadora del Congreso.
Se ha descubierto que las autoridades deportaron a detenidos moribundos para que murieran fuera de Estados Unidos. Uno de los casos documentados evidencia cómo las autoridades federales discutieron extensamente “sobre enviar al hombre de vuelta al África para evitar publicidad vergonzosa”.
En otro caso, el personal médico de la cárcel “falsificó un récord de medicación” para aparentar que se le brindó algún cuidado a un detenido, quien resultó estar ya muerto a la hora de prescribirle un calmante. La mayoría de las muertes y maltratos ocurrieron en centros de detención privados tales como el de Elizabeth, en Nueva Jersey, y el Eloy, en Arizona.
Participó en las conversaciones de cómo ocultar los escándalos Nina Dozoretz, ex vicepresidenta de Nakamoto Group, una empresa privada “contratada por la administración de George Bush para monitorear detenciones” y ahora re-contratada por la administración Obama para “liderar la remodelación de la atención médica de detenidos”.
En un intento no de mentir, pero de no decir la verdad, la administración Obama reveló “que más de una de 10 muertes de inmigrantes detenidos ha sido pasada por alto y omitida de la lista entregada al Congreso el año pasado”.
“Más de una en 10 muertes de inmigrantes detenidos” puede bien representar dos, seis o quizá diez muertes.
Maclovia Perez801-833-2793
Coordinadora Red de Peruanos en Utah
E-mail:redperuenutah@gmail.com
Corresponsal Red Democratica del Peru
